Como sociedad, la seguridad que vivimos depende en gran medida de las decisiones de política pública y de cómo se planean, asignan y ejercen los recursos destinados a las instituciones responsables de garantizarla. La calidad del trabajo policial, la capacidad para investigar delitos, la atención a víctimas y la modernización tecnológica, entre otros aspectos, están directamente vinculadas a que el presupuesto público se gestione con eficiencia, transparencia y visión de largo plazo.