De acuerdo a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en su artículo 7, se define violencia familiar como “el acto abusivo de poder u omisión intencional, dirigido a dominar, someter, controlar, o agredir de manera física, verbal, psicológica, patrimonial, económica y sexual a las mujeres, dentro o fuera del domicilio familiar, cuyo agresor tenga o haya tenido relación de parentesco por consanguinidad o afinidad, de matrimonio, concubinato o mantengan o hayan mantenido una relación de hecho”.
Durante la cuarenta por el Covid-19 se ha incrementado en el país los casos de violencia intrafamiliar, ante esta situación, la Secretaría de Gobernación ha mandado un exhorto a los gobiernos locales para que faculten a jueces cívicos con el objetivo de determinar que sean los agresores quienes queden fuera de sus casas de 15 a 30 días, ya que son ellos quienes violan el derecho de vivir en paz de las familias.
De acuerdo al reporte de las entidades sobre las llamadas al número emergencia al 911 en materia de violencia intrafamiliar, el incremento va de un 30 hasta un 100% en el marco de las medidas de aislamiento debido a la emergencia sanitaria del coronavirus.
En los últimos tres años, Sonora ha ocupado la primera posición en llamadas de emergencia relacionadas con incidentes de violencia familiar, según la tasa por cada 100 mil mujeres. Tan solo en 2019, hubo más de 66 mil reportes al 911 por este motivo.
Ahora te podrás imaginar, como será el incremento de esas cifras en estos momentos de aislamiento.
La directora general de Estrategia Violeta: estrategia nacional de protección integral a mujeres, niñas, niños y adolescentes, Alicia Leal Puerta, y la directora de la Fundación Renacer, Denise Meade Gaudry, han marcado la importancia de que en el momento en que una mujer busca ayuda, las respuestas deben hacerse llegar de inmediato para evitar que la violencia se incremente.
La orientación telefónica siempre debe incluir una valoración rápida para detectar el nivel de riesgo en el que se encuentra y, de ser posible, apoyarla para que ellas hagan un plan de seguridad básico, pues no es suficiente que una buena respuesta de la policía o de las y los médicos.
Evitar lo que se conoce como la “ruta de la (in)justicia”, en la cual las mujeres, niñas, adolescentes y adultas mayores recorren en promedio 5 instituciones antes de encontrar los servicios integrales.
Es urgente que se implemente en Sonora, con el esfuerzo de todos los niveles de gobierno y organizaciones civiles, servicios especializados las 24 horas los siete días de la semana, desde un enfoque psicosocial, de salud integral y de protección.
