Hermosillo, Sonora, a 00 de noviembre de 2019
C.C. Diputados del Poder Legislativo
del Estado de Sonora
P r e s e n t e s
El suscrito, _______________________________________, Diputado Local del H. Congreso del Estado de Sonora, en ejercicio de la facultad concedida a los Diputados al Congreso de Sonora por el Artículo 53, fracción III de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora, someto a la consideración de ese Honorable Congreso la presente iniciativa de Ley que Reforma y Adiciona la Ley de Hacienda del Estado de Sonora a fin de fortalecer los recursos destinados a seguridad pública y procuración de justicia, mediante la generación de ingresos públicos adicionales con destino específico y reglas propias, con base en principios de honestidad, eficiencia, participación ciudadana, transparencia y rendición de cuentas.
La preocupación social número uno de los sonorenses es la inseguridad pública. Se trata de un reto sumamente complejo que impacta negativamente en la atracción de inversiones, el crecimiento económico, la confianza en las instituciones públicas y la calidad de vida de la población.
Hoy, la eficacia de la política pública de seguridad y justicia hace la diferencia entre la vida y la muerte, entre la paz y la violencia, entre la tranquilidad y la angustia de nuestras familias. Por ello, por encima de colores políticos, la sociedad sonorense y los poderes públicos, estamos llamados a realizar un esfuerzo extraordinario para superar unidos este formidable reto. Están en juego la gobernabilidad del estado; la seguridad de nuestras familias y el futuro de nuestros hijos.
En todo régimen democrático, la primera responsabilidad del Estado es garantizar la integridad física, la seguridad patrimonial y los derechos de las personas. Para cumplir con esta obligación, el marco jurídico y normativo de nuestro país y de nuestro estado reconoce la importancia fundamental de la seguridad pública.
De conformidad con el Artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la seguridad pública es una función concurrente, a cargo de la Federación, las Entidades Federativas y los Municipios, cuyos fines son “salvaguardar la vida, las libertades, la integridad, el patrimonio y los derechos de las personas, así como contribuir a la generación y preservación del orden público y la paz social.” En México, la seguridad pública comprende la prevención, investigación y persecución de los delitos, así como la sanción de las infracciones administrativas.
A su vez, tanto el Plan Nacional de Desarrollo 2019 – 2024 (PND), como la Estrategia Nacional de Seguridad Pública aprobada por el Senado de la República, establecen la necesidad de un cambio de paradigma en seguridad que promueva una política de paz y seguridad integral dirigida a atacar las causas de los fenómenos delictivos y de inseguridad pública.
En el mismo sentido, en el eje estratégico Sonora en paz y tranquilidad del Plan Estatal de Desarrollo 2016-2021, se destaca la importancia de fortalecer la seguridad pública y promover la participación ciudadana para la prevención del delito; así como fortalecer con equipamiento y tecnología de vanguardia los sistemas de administración y procuración de justicia.
Por su parte, la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública establece, en su Artículo 75, las bases mínimas que deberán cumplir las instituciones policiales de los tres órdenes de gobierno, en el ámbito de sus respectivas competencias.
Asimismo, la Ley de Seguridad Pública de Sonora determina las instancias encargadas de la seguridad pública en la entidad, regula la integración, organización y funcionamiento del Sistema Estatal de Seguridad Pública y establece las bases de coordinación entre el Estado y los Municipios en la materia, así como su correspondencia con el Sistema Nacional de Seguridad Pública.
También resulta relevante destacar que el objetivo central del Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica que promueve el Gobierno de la República es el fortalecimiento de las policías estatales y municipales, así como la articulación efectiva entre dichos cuerpos policiales con la Guardia Nacional y las procuradurías o fiscalías generales a fin de reducir la incidencia delictiva, fortalecer la investigación criminal, mejorar la percepción de seguridad e incrementar la confianza en las instituciones policiales, lo que requiere establecer y fortalecer las estrategias, los presupuestos y las estructuras al logro de los objetivos antes citados.
A fin de cumplir el mandato del Artículo séptimo transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Guardia Nacional, el Gobierno del Estado de Sonora elaboró y entregó en tiempo y forma al Consejo Nacional de Seguridad Pública, el Diagnóstico y Programa para el Fortalecimiento del Estado de Fuerza y las Capacidades Institucionales de los Cuerpos Policiales Estatal y Municipal, en congruencia con lo señalado en el citado Artículo séptimo transitorio que a la letra establece:
“Los Ejecutivos de las Entidades Federativas presentarán ante el Consejo Nacional de Seguridad Pública, en un plazo que no podrá exceder de 180 días a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, el diagnóstico y el programa para el fortalecimiento del estado de fuerza y las capacidades institucionales de sus respectivos cuerpos policiales estatales y municipales.
Para la ejecución del programa, se establecerán las provisiones necesarias en los presupuestos de Egresos de la Federación y de las entidades federativas, sobre la base de la corresponsabilidad a partir del ejercicio fiscal de 2020.
Un año después de haberse emitido el programa referido, el Ejecutivo Local enviará anualmente a la Legislatura de la entidad federativa correspondiente y al Consejo Nacional de Seguridad Pública, la evaluación integral del mismo con el informe sobre los avances en los objetivos señalados y su cumplimiento en un horizonte de seis años. Los resultados de la evaluación serán considerados para el ajuste del programa y su calendario de ejecución, por los órganos correspondientes.”
El fortalecimiento del estado de fuerza y de las capacidades institucionales de los cuerpos policiales del estado, así como la atención a otros retos prioritarios en materia de seguridad y justicia demandarán recursos adicionales que deben generarse y asignarse de manera honesta, eficiente y transparente, en la medida en que se construyan, con altura de miras y visión de largo alcance, un amplio consenso político y social y mecanismos específicos que permitan vincular los recursos adicionales a mejoras y resultados concretos de la política de seguridad y justicia del estado de Sonora.
En virtud de la elevada rigidez del presupuesto estatal, es necesario diseñar y legislar un mecanismo adicional y sustentable de generación de ingresos propios con un destino específico por el lado del gasto que esté estrictamente asignado a la atención de funciones prioritarias de seguridad pública y procuración de justicia en la entidad, así como al fortalecimiento de la participación ciudadana en las tareas de prevención del delito y la violencia y la evaluación de políticas públicas en estas materias.
Ciertamente, más recursos no necesariamente significan una mejor política de seguridad pública y procuración de justicia, pero sin los recursos indispensables asignados y ejercidos honesta y eficientemente en estas prioridades, será imposible revertir los elevados niveles de inseguridad, violencia e impunidad que enfrenta nuestra entidad.
Hoy, la seguridad pública representa la mayor preocupación de los sonorenses. Con base en la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2019 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), dos de cada tres ciudadanos consideran que el principal problema del estado es la inseguridad pública, en tanto que un 68 por ciento de las y los sonorenses de 18 años y más expresaron sentirse inseguros.
De acuerdo con los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de 2016 a 2019 los delitos en general disminuyeron en un 50.2% al pasar de 33,492 en el periodo enero – septiembre de 2016, a 16,335 en el mismo lapso del 2019. De esta forma, durante 2019 Sonora registra una tasa de incidencia delictiva menor al promedio nacional en secuestro, extorsión, robo a casa habitación, robo a transeúnte y robo de vehículos.
Sin embargo, durante el presente año Sonora registra tasas de feminicidios y homicidios dolosos por arriba de la media nacional. Considerando el periodo enero- septiembre, los homicidios dolosos se incrementaron de 486 en 2016, a 733 en 2019; por su parte, la tasa de feminicidios por cada 100 mil habitantes de Sonora fue de 1.83, nivel superior al promedio nacional que se ubicó en 1.12 para el mismo periodo de 2019. Específicamente, en septiembre de 2019, Sonora se ubicó como la octava entidad federativa con la tasa más alta de homicidios dolosos por cada cien mil habitantes, registrando un decrecimiento de 4.4% en el número de víctimas con respecto al mismo mes de 2018.
En un país como México en el que el 93 de cada 100 delitos no se denuncian, las estadísticas de incidencia delictiva basadas en los delitos denunciados (averiguaciones previas o carpetas de investigación) no son siempre representativas de la magnitud y complejidad de los problemas de inseguridad y violencia. Por esta razón, es necesario recurrir a instrumentos de medición del nivel de victimización basados en estudios de opinión como lo es la ENVIPE del INEGI.
A nivel nacional la ENVIPE 2019 revela que, en promedio, durante 2018 se cometieron en el país 37,807 delitos por cada cien mil habitantes de 18 años y más; En el caso de Sonora, dicho indicador fue de 50,861 delitos por cada cien mil habitantes, lo que ubicó a nuestro estado como la tercera entidad con mayor tasa delictiva por cada cien mil habitantes, sólo detrás de la Ciudad de México y del estado de México. La misma ENVIPE 2019 revela un crecimiento de 27.9 por ciento en la tasa de incidencia delictiva por cada cien mil habitantes de 18 años y más en el estado de Sonora, lo que coloca a nuestro estado como la tercera entidad federativa con mayor crecimiento en la tasa de incidencia delictiva en 2018 respecto a 2017, sólo detrás de los estados de Veracruz y Guanajuato.
Ciertamente, en Sonora y en el país, el fenómeno de la inseguridad tiene un carácter multifactorial. En él convergen situaciones de tipo económico, como las limitadas oportunidades de empleo y bajos ingresos; retos sociales como la pobreza, la desintegración familiar y las adicciones; factores culturales como la falta de valores y la baja participación ciudadana; y la vulnerabilidad a la presencia del crimen organizado por la ubicación geográfica de la entidad, la cual cuenta con una amplia costa en el Océano Pacífico y con una extensa frontera con los Estados Unidos de América.
Entre las causas de la inseguridad pública destacan los aspectos jurídico -institucionales, como son: la debilidad relativa del Estado de Derecho, impunidad y corrupción, limitaciones presupuestales, ausencia de un modelo de desarrollo policial, fragmentación de los cuerpos policiales, insuficiente estado de fuerza, rezago en capacitación y profesionalización policial, insuficiente número de Ministerios Públicos y Peritos, deficiencias en infraestructura, equipamiento, tecnología y sistemas de inteligencia en materia de seguridad y justicia.
Para ubicar la dimensión de estos retos conviene citar que de acuerdo con el Índice de Estado de Derecho 2018, del World Justice Project México (WJP-Mx), Sonora ocupa el lugar 32 en cumplimiento regulatorio, 24 en orden y seguridad y 19 en justicia penal.
Adicionalmente, la organización Impunidad Cero reporta que en Sonora sólo se castiga el 1.3 por ciento de los delitos (igual que la media nacional); la efectividad del sistema acusatorio apenas llega al 17.8 por ciento (nivel inferior a la media nacional y equivalente a la mitad de que reportan estados como Guanajuato o Querétaro); y la efectividad en órdenes de aprehensión es de 45.9 por ciento, inferior al promedio nacional de 54.3 por ciento, lo que ubica al estado entre las 10 entidades con mayor rezago en esta materia. Como resultado de ello, nuestro estado se ubicó en el lugar 16 en cuanto a efectividad del sistema acusatorio y en el lugar 23 en efectividad en órdenes de aprehensión, con base en el Índice de Desempeño de Procuradurías 2018 de la organización Impunidad Cero.
Estos resultados se explican, al menos parcialmente, por los marcados rezagos estructurales que registra la entidad en cuanto a las capacidades institucionales de los cuerpos policiales y de la Fiscalía General de Justicia del Estado. Así lo confirman diversas comparaciones. De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, mientras que en México las entidades federativas cuentan, en promedio, con 1.0 policías estatales por cada 1,000 habitantes, Sonora sólo cuenta con 0.4 policías estatales por cada 1,000 habitantes, ubicándose como la quinta entidad federativa con menor número de policías estatales por cada 1,000 habitantes.
Igualmente, con datos del Índice Global de Impunidad 2018 de la Universidad de las Américas, cuando se levantó dicho estudio Sonora contaba con 4.9 Agencias del Ministerio Público por cada 1,000 habitantes, frente a un promedio nacional de 9.7; 16.5 empleados en Ministerios Públicos por cada 1,000 habitantes, frente a un promedio nacional de 31.2.
En el mismo sentido, Sonora contaba con un 13 por ciento de Agencias del Ministerio Público Especializadas en delitos graves, nivel muy inferior al promedio nacional que se ubicó en 32.4 por ciento.
La entidad se ubica en mejor posición que el promedio nacional en el Índice Global de Impunidad de la Universidad de las Américas, pero permanece en la categoría de impunidad alta.
De acuerdo con la ENVIPE 2019, en Sonora se cometen 51 delitos por cada 100 habitantes, sólo 7 de cada 100 delitos se denuncian y son “investigados”, y solamente 1.3 de cada 100 delitos cometidos son sancionados. Esto significa que en nuestra entidad la cifra negra es de 93 por ciento, nivel equivalente al promedio nacional, y que la tasa de impunidad es de 98.7 por ciento.
Como es evidente, elevados niveles de inseguridad, violencia e impunidad pueden generar reducción de inversiones, aumento del desempleo, incremento de la percepción de inseguridad, mayor ingobernabilidad y desconfianza en las instituciones públicas, todo lo cual eleva los costos de la inseguridad y los niveles de tensión social, en perjuicio de la calidad de vida de la población.
De esta forma, los delitos y la percepción de inseguridad generan importantes costos para la sociedad. En la medida que las políticas de seguridad pública y justicia contribuyan a reducir esos costos, éstas generarán un beneficio social.
Como reflejo del incremento del número de delitos y de la inseguridad en México, diversas instituciones públicas y privadas han desarrollado mecanismos para medir el costo asociado a estos fenómenos.
Entre estos mecanismos destacan las encuestas del INEGI y la estimación de los costos de la violencia del Índice de Paz México, elaborado por el Institute for Economics and Peace (IEP).
En una medición de amplio espectro, el Índice de Paz México del Institute for Economics and Peace (IEP) estima que el impacto económico de la inseguridad y la violencia en el país asciende al 21 por ciento del PIB. En el caso de Sonora el IEP estimó el costo de la inseguridad y la violencia en 2017 en 102 mil 600 millones de pesos, lo que era equivale al 17.9% del PIB estatal (medido a pesos de 2013).
Por su parte, la ENVIPE 2019 del INEGI estimó el costo por pérdidas económicas y medidas preventivas derivadas de la inseguridad y el delito en hogares en Sonora en 2018 en 7,492 millones de pesos (mdp), lo que equivale a 2.26 por ciento del PIB Estatal de dicho año. En pesos de 2019, dicho monto equivale a 7,717 mdp.
Se trata de una estimación conservadora, pues ésta no considera: el costo para las empresas o gobiernos; el costo de pérdida de vidas humanas; los costos indirectos, ni los efectos de la inseguridad en la inversión, la actividad productiva y el empleo.
En virtud de las estimaciones señaladas anteriormente, una reducción de 10 por ciento en la incidencia delictiva general significa un impacto económico agregado anual de 10,260 millones de pesos. En particular, el ahorro para los hogares equivale a 771.7 millones de pesos.
Por esta razón, si se hace en forma honesta y eficiente, invertir para reducir los delitos y la violencia, genera beneficios muy superiores a los costos. Es claro que el reto es no sólo asignar mayores recursos a esta prioridad, sino también -y sobre todo- mejorar la calidad del gasto para asignar los recursos públicos en aquellos rubros que generan el mayor impacto. En esto es fundamental diseñar esquemas que garanticen que la asignación y ejercicio de los recursos se realice de manera honesta, transparente, imparcial y eficaz.
De ahí la relevancia de identificar las mejores prácticas en materia de seguridad y justicia que han permitido a otras entidades federativas reducir los niveles de inseguridad y violencia. Los casos más representativos son los del estado de Nuevo León, la Región Laguna (Durango y Coahuila) y el estado de Chihuahua.
El estado de Nuevo León logró, entre 2011 y 2015, una reducción de 77.5 por ciento en los homicidios dolosos, de 58.8 por ciento en secuestros y de 66.1 por ciento en robos; específicamente, el robo de vehículos descendió en 89.9 por ciento y el robo de casa habitación disminuyó en 37.1 por ciento.
Por su parte, La Laguna logró, entre 2012 y 2016, reducir los homicidios dolosos en un 87.4 por ciento, con lo cual la tasa de homicidios dolosos por cada cien mil habitantes disminuyó de 59.2 en 2012, a 9.6 en 2016. También se redujeron las extorsiones en 73.8 por ciento, el robo de vehículos en 79.2 por ciento, el robo a negocios 38.9 por ciento y el robo de casa habitación en 19.3 por ciento.
A su vez, el estado de Chihuahua logró reducir sensiblemente la incidencia delictiva y, en especial, los delitos de alto impacto en Ciudad Juárez. También se ha posicionado como el estado líder a nivel nacional en materia de procuración e impartición de justicia, de acuerdo con diferentes indicadores y estudios nacionales e internacionales.
El elemento común de estos tres casos de éxito es la participación directa y corresponsable del sector privado en la toma de decisiones y en el rediseño y evaluación de la política de seguridad y justicia.
En estos casos el sector privado aportó recursos, método, visión, elementos de profesionalización, rendición de cuentas, a través de Observatorios Ciudadanos y Mesa de Seguridad y Justicia, y liderazgo para ordenar la participación de los tres órdenes de gobierno.
Otro factor de éxito promovido por la sociedad civil y los empresarios es la depuración policial y el fortalecimiento del estado de fuerza con nuevos elementos operativos que cumplen con el perfil adecuado y sujetos a estrictos controles de confianza. En esto es vital tanto la depuración, por una parte, como la profesionalización y dignificación de la función policial, por la otra.
En el mismo sentido debe destacarse el fortalecimiento de las capacidades institucionales en materia de infraestructura, equipamiento y capacitación y profesionalización tanto de los cuerpos policiales como de las fiscalías.
Un elemento igualmente trascendente es el establecimiento de un mando policial coordinado por autoridades militares, que opera en estrecha comunicación con la sociedad civil y el sector privado.
También es determinante dar alta prioridad a la prevención integral del delito, mediante la reconstrucción del tejido social, atacando las causas y no sólo las consecuencias del problema de seguridad en las zonas de mayor incidencia delictiva, tal como la ha venido promoviendo el Gobierno del República.
De igual relevancia resulta la institucionalización de la participación ciudadana, mediante la incorporación de la entidad a la Red Nacional de Mesas de Seguridad y Justicia y al Observatorio Nacional Ciudadano. En algunos casos como en la Laguna, ha sido crucial el establecimiento de un modelo robusto de evaluación del desempeño en seguridad y justicia, con indicadores de impacto, de resultados y de gestión, los cuales permiten el monitoreo de las acciones institucionales.
Tomando en cuenta las experiencias antes referidas y, en especial el modelo financiero del estado de Chihuahua, se propone la creación de un Fideicomiso Fondo para la Seguridad y Justicia del Estado de Sonora (FSJ) con recursos generados a través de un incremento del 2 al 3 por ciento en la tasa del Impuesto Sobre Remuneraciones al Trabajo Personal, mediante un Fideicomiso público-privado, 100% auditable por ciudadanos, el cual deberá operar conforme a reglas básicas que garantizan que el 100% de los recursos del Fideicomiso Fondo para la Seguridad y Justicia se destinan a la atención de áreas críticas de seguridad y justicia, tales como la depuración y certificación policial; el fortalecimiento del estado de fuerza, capacitación, profesionalización y dignificación policial, incluyendo el acceso al crédito para los policías y la creación de la Universidad de la Seguridad y la Justicia; el incremento del número de Agencias del Ministerio Público, de peritos y de personal en áreas estratégicas de la Fiscalía General de Justicia del Estado; el fortalecimiento de las capacidades institucionales y operativas en materia de seguridad pública y procuración de justicia; el equipamiento y tecnología de vanguardia para combatir el delito; sistemas de inteligencia contra el delito, incluyendo el uso de inteligencia artificial, plataformas tecnológica de vínculos y Juez Virtual para delitos menores; programas de prevención social del delito con participación ciudadana con énfasis en el fomento de valores, la prevención y combate de adicciones, violencia familiar y social, generación de alternativas educativas, productivas y deportivas para los jóvenes y el fortalecimiento del tejido social; fomento de la cultura de legalidad, denuncia y atención de la denuncia, con herramientas tales como: Seguro contra robo en casa habitación, creación de #VerificadoSeguridadSonora; programa Piloto de nuevo modelo de Agencia del Ministerio Público; estímulos a la denuncia y mecanismos de sanción social al delito; y evaluación ciudadana de políticas públicas.
El Gobierno del Estado asume el compromiso de incrementar, o en su caso, no reducir en términos reales el presupuesto asignado a la Secretaría de Seguridad Pública y a la Fiscalía General de Justicia del Estado.
El origen y destino de los recursos del fideicomiso estará sujeto a controles estrictos de transparencia y fiscalización institucionalizados en regulaciones transexenales, con participación ciudadana, además de la fiscalización ordinaria.
El Órgano de Gobierno del Fideicomiso será un Comité Técnico integrado por 17 miembros, 12 del sector privado, 4 del sector público estatal y un representante de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno Federal. Para que sesione el Comité Técnico del Fideicomiso se requerirá mayoría simple, pero las decisiones del mismo requerirán de mayoría calificada (dos terceras partes de los presentes en la sesión).
Entre los beneficios de esta iniciativa destacan: mayor transparencia y fiscalización ciudadana; disminución de los delitos y de violencia; mayor seguridad y menor impunidad; dignificación de la función policial; mejor infraestructura, equipamiento y tecnología; más personal, mejor motivado y capacitado; sinergia con el Gobierno Federal en seguridad y protección ciudadana con impacto social inmediato; cumplimiento del mandato constitucional para fortalecer el estado de fuerza policial y las capacidades institucionales en seguridad pública y procuración de justicia.
Debe enfatizarse que el 100% de los recursos del Fideicomiso Fondo para la Seguridad y Justicia del Estado de Sonora estará destinado a fortalecer las capacidades institucionales en materia de seguridad y de justicia, así como para promover la participación social en la prevención del delito, el combate a la impunidad, y la evaluación ciudadana de la política de seguridad y justicia, bajo criterios de transparencia, máxima publicidad, eficacia, eficiencia y fiscalización ciudadana.
Los recursos que se obtengan serán auditados tanto en materia de ingresos como de gastos por los órganos competentes, así como por un ente externo especializado a propuesta del Comité Ciudadano de Seguridad Pública del Estado.
Con base en lo expuesto y con fundamento en el artículo 53 fracción III de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora, me permito someter a la consideración de ese Honorable Congreso del Estado, por el digno conducto de Ustedes, la siguiente Iniciativa de:
Ley que Reforma y Adiciona la Ley de Hacienda del Estado de Sonora.
Ley de Hacienda del Estado de Sonora.
Artículo Segundo.- Se REFORMA el párrafo primero del artículo 216; Se ADICIONAN párrafos del tercero al vigésimo del artículo 216 de la Ley de Hacienda del Estado de Sonora, para quedar como sigue:
CAPITULO VI
DE LOS IMPUESTOS SOBRE PRODUCTOS DEL TRABAJO
SECCIÓN PRIMERA
DEL IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL
ARTÍCULO 216.- La tasa del impuesto que se aplicará sobre el monto total de las remuneraciones en dinero o en especie, pagadas en un mes o parte de él, será del 3%. Los contribuyentes que realicen las actividades previstas en el párrafo anterior no podrán acumular estímulos o beneficios de esta Ley o de otras Leyes afines.
…
La recaudación adicional derivada del incremento de la tasa del 2% al 3% de dicho Impuesto de destinará íntegramente al Fideicomiso Fondo para la Seguridad y Justicia del Estado de Sonora con el objeto de fortalecer las capacidades institucionales en materia de seguridad y de justicia, así como para promover la participación social en la prevención del delito, el combate a la impunidad, y la evaluación ciudadana de la política de seguridad y justicia, bajo criterios de transparencia, máxima publicidad, eficacia, eficiencia y fiscalización ciudadana.
La Secretaría de Hacienda enterará puntualmente y de manera automática el importe mensual de estos recursos al Fideicomiso Fondo para la Seguridad y Justicia del Estado de Sonora, por lo que, bajo ninguna circunstancia, procederá la demora y mucho menos la canalización de dichos recursos a fines distintos a los expresamente señalados en esta ley y/o en el Decreto de creación del referido Fideicomiso que al efecto habrá de expedirse.
Los recursos que se obtengan serán auditados tanto en materia de ingresos como de gastos por los órganos competentes, así como por el Comité Ciudadano de Seguridad Pública.
A fin de garantizar la debida asignación y ejercicio de los recursos de la recaudación adicional derivada del incremento de la tasa del 2% al 3% del Impuesto Sobre Remuneraciones al Trabajo Personal, el Fideicomiso Fondo para la Seguridad y Justicia del Estado de Sonora se constituirá y operará con apego a las siguientes reglas:
El 100% de los recursos del Fideicomiso Fondo para la Seguridad y Justicia del Estado de Sonora se destinará a fortalecer las capacidades institucionales en materia de seguridad y de justicia, así como para promover la participación social en la prevención del delito, el combate a la impunidad, y la evaluación ciudadana de la política de seguridad y justicia, bajo criterios de transparencia, máxima publicidad, eficacia, eficiencia y fiscalización ciudadana.
Los recursos que se obtengan de la recaudación adicional del incremento del 2% al 3% en la tasa del Impuesto Sobre Remuneraciones al Trabajo Personal serán auditados tanto en materia de ingresos como de gastos por los órganos competentes, así como por un ente externo especializado a propuesta del Comité Ciudadano de Seguridad Pública.
Los recursos del Fideicomiso Fondo para la Seguridad y Justicia se destinarán a la atención de áreas críticas de seguridad y justicia, tales como:
- Depuración y certificación policial.
- Fortalecimiento del estado de fuerza, capacitación, profesionalización y dignificación policial (incluye acceso al crédito para los policías y creación de la Universidad de la Seguridad y la Justicia).
- Incremento del número y capacidad de Agencias del Ministerio Público, de peritos y de personal en áreas estratégicas de la Fiscalía General de Justicia del Estado.
- Fortalecimiento de las capacidades institucionales y operativas en materia de seguridad pública y procuración de justicia.
- Equipamiento y tecnología de vanguardia para combatir el delito.
- Sistemas de inteligencia contra el delito (uso de inteligencia artificial, plataforma tecnológica de vínculos y Juez Virtual para delitos menores, entre otros).
- Programas de prevención social del delito con participación ciudadana con énfasis en el fomento de valores, la prevención y combate de adicciones, violencia familiar y social, generación de alternativas educativas, productivas y deportivas para los jóvenes y el fortalecimiento del tejido social.
- Cultura de legalidad, denuncia y atención de la denuncia, con herramientas tales como: Seguro contra robo en casa habitación, creación de #VerificadoSeguridadSonora, programa piloto de nuevo modelo de Agencia del Ministerio Público, estímulos a la denuncia y mecanismos de sanción social al delito.
- Realización de análisis, estudios e investigaciones que contribuyan a mejorar las políticas públicas de seguridad y justicia y la evaluación de las mismas.
- Evaluación ciudadana de políticas públicas.
- Otras prioridades de seguridad pública y justicia aprobadas con el voto a favor de dos terceras partes de los miembros del Comité Técnico del Fideicomiso.
A fin de lograr un sano equilibrio entre el fortalecimiento de capacidades institucionales, tareas preventivas y evaluación ciudadana de políticas de seguridad y justicia, hasta un 80% de los recursos que anualmente asigne el Fondo se destinarán al fortalecimiento de capacidades institucionales de seguridad pública y administración y procuración de justicia, en tanto que hasta un 20% de los recursos se destinarán a programas y proyectos de prevención social del delito con participación ciudadana con énfasis en el fomento de valores, la prevención y combate de adicciones, violencia familiar y social, generación de alternativas educativas, productivas y deportivas para los jóvenes y el fortalecimiento del tejido social; cultura de legalidad, denuncia y atención de la denuncia, con herramientas tales como: creación de #VerificadoSeguridadSonora, estímulos a la denuncia y mecanismos de sanción social al delito; y evaluación ciudadana de políticas públicas de seguridad y justicia, de acuerdo a los programas y prioridades que previamente se establezcan por el Comité Técnico, en razón de lo proyectado anualmente, y hasta los límites que el Fondo de los recursos del fideicomiso lo permitan.
El Órgano de Gobierno será un Comité Técnico del Fideicomiso, el cual operará conforme a lo siguiente:
Integración. El Comité Técnico del Fideicomiso Fondo para la Seguridad y Justicia del Estado de Sonora estará integrado por 17 miembros, 12 del sector privado, 4 del sector público estatal y un representante de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno Federal.
Representación privada. Los 12 integrantes del sector privado se conformarán conforme a lo siguiente:
- 6 miembros designados por el Comité Ciudadano de Seguridad Pública del Estado de Sonora.
- 3 miembros designados por las tres cámaras u organismos empresariales que mayor aportación realizan al Impuesto Sobre Remuneraciones al Trabajo Personal (un representante por cada cámara u organismo).
- 3 miembros que representen a las distintas regiones del estado, designados por el Comité Ciudadano de Seguridad Pública.
- Los integrantes ciudadanos del Comité Técnico serán definidos por el Comité Ciudadano de Seguridad Pública del Estado en consulta con las cámaras empresariales y los diversos representantes de la sociedad civil.
Representación del sector público estatal. Los cuatro integrantes del sector público estatal serán:
- El Secretario General de Gobierno.
- El Secretario de Hacienda.
- El Secretario de Seguridad Pública.
- El titular de la Fiscalía General de Justicia del Estado.
Representación federal. A fin de asegurar la mayor coordinación posible con las autoridades federales, se contará con un funcionario federal que será designado por el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno Federal.
Suplentes. Por cada titular se nombrará un suplente.
Periodo. Los miembros titulares y suplentes del Comité Técnico ejercerán dicha función por un periodo de cuatro años.
Quórum y toma de decisiones. Se requerirá mayoría simple para que sesione el Comité Técnico del Fideicomiso, pero las decisiones del mismo requerirán de mayoría calificada (dos terceras partes de los presentes en la sesión).
Para la ejecución de las tareas administrativas, el Fideicomiso contará con un Secretario Técnico, quien será designado por el Comité Técnico. El Secretario Técnico será auxiliado para el cumplimiento de sus funciones administrativas por un equipo básico de apoyo. Bajo ninguna circunstancia los gastos administrativos y operativos del Fideicomiso podrán exceder el 5% de los recursos que anualmente ingresen al Fideicomiso.
El Secretario Técnico tendrá, entre otras, la obligación de preparar las sesiones del Comité Técnico y presentar informes trimestrales sobre el estado de ingresos y gastos del fideicomiso, los cuales deberán atender estrictamente las obligaciones de transparencia, bajo el principio de máxima publicidad.
T R A N S I T O R I O
ARTÍCULO PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor en todo el Estado de Sonora a partir del __ de _____ de 2019, previa su publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado.
ARTÍCULO SEGUNDO.- El Fideicomiso Fondo para la Seguridad y Justicia del Estado de Sonora tendrá una vigencia de dos años, y su continuidad se dará solamente en caso de que así lo determine el Comité Ciudadano de Seguridad Pública del estado de Sonora, a partir de la evaluación de sus resultados.
Reitero a Ustedes, Ciudadanos Diputados del Honorable Congreso del Estado, las seguridades de mi más alta y distinguida consideración y respeto.
ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN
DIPUTADO LOCAL (NOMBRE)